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Boletín de prensa 28 de octubre de 2011
EL TIEMPO
ALTAS CORTES REELIGIERON A CARLOS ARIEL SÁNCHEZ COMO REGISTRADOR
Carlos Ariel Sánchez, registrador del Estado Civil que fue reelegido por un periodo de cuatro años.
Sánchez podrá ejercer el cargo durante los próximos 4 años. Nuevo periodo inicia el 6 de diciembre.
La decisión fue ratificada por el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo; el presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
Sánchez obtuvo mil puntos dentro del concurso de méritos convocado por los presidentes de las altas cortes.
La elección de Sánchez fue por unanimidad y lo faculta para ejercer el cargo durante los próximos 4 años. El nuevo periodo se inicia el próximo 6 de diciembre.
Los otros aspirantes eran Guillermo Francisco Reyes González, quien obtuvo 935 puntos, y Edgar Augusto Arana Montoya, que obtuvo 910 puntos. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Edgardo Villamil Portilla, declinó su participación.
ELIGEN NUEVO MAGISTRADO DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA
Rigoberto Echeverri Bueno reemplazará a Gustavo José Gnecco, quien próximamente cumplirá su período.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como nuevo magistrado de la Sala de Casación Laboral a Echeverri Bueno.
Echeverri es oriundo Manizales (Caldas), egresado de la Universidad de Caldas con título de doctor en derecho y especialista de la misma Universidad en Derecho Comercial.
Se desempeñó en la Rama Judicial en los cargos de juez promiscuo municipal, juez civil del circuito, juez laboral del circuito, Magistrado del Tribunal Superior de Manizales, abogado asistente y Magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente venía desempeñando.
EL ESPECTADOR
REELEGIDO REGISTRADOR NACIONAL, CARLOS ARIEL SÁNCHEZ
La votación fue hecha por los presidentes del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional.
Los Presidentes del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo Gómez, de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino Gallego y de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao Pérez, reeligieron este viernes a Carlos Ariel Sánchez Torres como Registrador Nacional del Estado Civil.
Sánchez Torres obtuvo 1.000 puntos dentro del concurso de méritos realizado por los presidentes de las Altas Cortes, en la lista de elegibles que previamente se conformó con los candidatos que obtuvieron el mayor puntaje.
El Registrador Nacional iniciará su nuevo periodo el próximo 6 de diciembre y ejercerá su cargo por los próximos 4 años.
Los aspirantes que ocuparon el segundo y tercer lugar en el concurso de méritos fueron Guillermo Francisco Reyes González, con 935 puntos y Edgar Augusto Arana Montoya, con 910 puntos.
Por su parte, Edgardo Villamil Portilla presentó, previamente a la realización de las entrevistas, un escrito en el que declinó su aspiración para participar en el mencionado concurso.
GOBIERNO NO DESCARTA QUE EN OTROS FALLOS HAYA CASOS COMO MAPIRIPÁN
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que pueden existir "comportamientos similares" en otras investigaciones.
Tras la revelación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación en el caso de Mapiripán, en donde se descubrió que personas inescrupulosas se hicieron pasar por víctimas de la masacre ocurrida en esta zona del país en el año 1997, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, manifestó que estos hechos pudieron haber pasado en otras investigaciones, lo que llevaría a un debate nacional por las malas condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
“Si esto ocurrió en un caso tan sonado como el de Mapiripán, pues no se descartan que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones. De manera que esto abre un debate nacional de gran envergadura sobre el alcance de las condenas que ha proferido la CIDH contra la nación colombiana”, señaló el jefe de la cartera política.
El ministro también resaltó que el Gobierno acional, con la participación de la Fiscalía y de la Procuraduría, no solo va a examinar en detalle lo que ocurrió en el caso de Mapiripán, sino también en otros hechos en los cuales el Estado ha sido condenado, al parecer, de manera injusta.
“Si esto ocurrió en Mapiripán significa que hay personas que han mentido y se han hecho pasar por víctimas para obtener recursos del Estado, sin que los hechos correspondan a realidades verificables”, señaló.
Por último, Vargas Lleras resaltó el anuncio de la Fiscalía y de la Procuraduría en el sentido de abrir investigaciones contra algunos abogados que han promovido informaciones erróneas que provocan condenas como la de Mapiripán: “como también contra víctimas que no lo pudieron haber sido, como lo indica la investigación preliminar de la Fiscalía”.
'ENGAÑARON A LA FISCALÍA, A LA CORTE Y A NOSOTROS': COLECTIVO DE ABOGADOS
El abogado Eduardo Carreño señaló que si se descubren las irregularidades devolverán el dinero de la indemnización.
El vocero del Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo, Eduardo Carreño señaló que la señora Marlene Contreras se presentó ante ellos en 2005 para denunciarles que su esposo y sus dos hijos habían desaparecido en el marco de la masacre de Mapiripán perpetuada por los paramilitares en 1997.
En ese momento la mujer les aseguró que sus hijos habían sido detenidos por grupos paramilitares en el momento en que llegaron a Mapiripán para que fueran atendidos en una cita médica. “Ella nos denunció esto cinco años después de ocurrido todo”.
Para Carrreño, este fue la misma presentación que hizo ante la Fiscalía General y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Por lo que ella le mintió a ellos, ahora nos tiene que responder por eso”.
Sobre la aparición del hijo de Marlene Contreras en 2008 el abogado quien la representó en todo el proceso aclaró que hasta este momento se enteró de eso, desmintiendo así las denuncias de la mujer en que anunció que los miembros del Colectivo “omitieron” ese hecho y prefirieron dejar las cosas así.
“Ella nunca nos dijo lo de su hijo, en 2008 no vino aquí y después de que le prestamos la colaboración nunca nos volvió a contactar, por lo que ella tiene que aclarar ante la Fiscalía General lo que en realidad pasó. Ella se quedó callada y eso lo reprochamos”, precisó el voero del Colectivo.
En el caso de la indemnización precisó que si se descubre que se presentó algunas irregularidades el monto de las indemnizaciones y “existe una defraudación al Estado pues el Colectivo no puede tener ese dinero y lo devolverá”.
Según las cuentas, el monto de dinero para Mariela Contreras y sus familiares ascendía a 1.200 millones de los cuales el Colectivo recibió un aporte de cerca de 480 millones de pesos.
Para el conteo de las víctimas el abogado manifestó que se tuvieron en cuenta las declaraciones del comandante paramilitar Carlos Castaño Gil y otros miembros de las AUC que hicieron un estimativo que eran 49 los muertos, mientras que los otros decían que eran 24, 28 y 30.
“No han podido identificar la totalidad de la víctimas, la mayoría fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare, los buzos que hicieron la búsqueda señalaron que era imposible encontrar los restos”, precisó el jurista.
Igualmente, aclaró que los se deben investigar todos los hechos que rodearon esta masacre, sin embargo cuestionó las comparaciones que les han hecho a los abogados que defendieron a las víctimas con miembros de bandas criminales. “Es algo totalmente desproporcionado”.
OBJECIÓN A LA LEY DE DISCRIMINACIÓN
El presidente Juan Manuel Santos objetó esta semana la constitucionalidad parcial del proyecto de ley N° 165 de 2010, Cámara-08 de 2010, Senado, que se conoce popularmente como la 'ley que penaliza la discriminación'.
Hace unas semanas dijimos en este mismo espacio que no todo intento por eliminar la discriminación debía celebrarse. Dentro de los actos que aíslan a unos de los privilegios de la mayoría, existen unas raíces sociales muy profundas, históricas, que deben examinarse cuidadosamente con el fin de promover una política pública social para enmendarlos. La penalización de estas conductas podría llevar, sí, a una eliminación a corto plazo de la discriminación, pero debe ir acompañada con otras medidas que destierren esa práctica de las convenciones colectivas creadas hace años.
Este escenario es peor cuando a los tipos penales (los hechos destinatarios de castigo) les hace falta técnica legislativa. Esto pasaba ciertamente con el tema que el Gobierno objetó, contenido en el artículo 3: discriminación por motivos religiosos, de ideología política y filosófica. Un tema hondo y muy complicado. Santos acierta en la objeción. El escrito de 13 páginas con que se argumenta la inconstitucionalidad parcial del citado artículo puede resumirse de una manera sucinta en dos puntos. Primero, que es muy amplio: el tipo penal sanciona a quienes “arbitrariamente impidan, obstruyan o restrinjan el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”. ¿Qué se entiende por esto? ¿Quiénes y en qué circunstancias podrían incurrir en la violación de la igualdad bajo estos supuestos?
El escrito de la objeción deja claro un tema fundamental, y es que los sujetos del derecho penal —en este caso todas las personas, civiles y autoridades— deben identificar cuál es la conducta que está prohibida. La claridad absoluta en los términos es un punto fundamental de la parte especial de todo código penal. Aspecto que no ostenta el artículo citado. Nadie sabría, en esencia, si está o no incurriendo en un delito.
Y con esto, los problemas de aplicación. El otro asunto que vio el Gobierno. No sólo para el intérprete de la norma, el juez, sino también para el victimario: ¿y si les da, como sucede mucho en este país, por demandar a un medio o persona que se meta con una personalidad política? De haberse sostenido la ley, aquel columnista que afirmara la incompetencia de un funcionario público de “izquierda” habría podido terminar en un calvario procesal insufrible. Y después las consecuencias: columnistas y periodistas parcos, limitados, hablando en claves generales para no tocar a nadie ni a nada. El tema se extiende a muchos otros ejemplos. Los colegios religiosos que no reciben alumnos porque manifiestan no creer en el dogma que la institución profesa. ¿Cárcel para ellos? ¿No choca esto con otros derechos protegidos por la Constitución?
No se trata de negar que en Colombia existe discriminación. Sino que, más bien, al penalizarla debe tenerse en cuenta que la libertad —de asociación, de cultos, del desarrollo de la personalidad, de expresión, entre otros— puede verse afectada. Si bien el proyecto tenía un fin loable, muchos de sus artículos —como también el de la discriminación racial, que denunciamos en estas líneas hace un tiempo— presentaban problemas. Castigar a la loca no es la solución. Si la discriminación se da en términos y por motivos de convencionalismos sociales reforzados por cientos de años, hay que hacer una reforma de ellos a través de políticas que no sólo comprendan el castigo. En la discriminación de tipo ideológico, en particular, hay que pensar en ampliar los canales de comunicación de los grupos minoritarios y aclarar (casi con lujo de detalles) el cómo, cuándo y por qué se discrimina a alguien por estas razones. Sólo así se lograría un avance y no un retroceso.
LA PROPUESTA DE REFORMA A LA JUSTICIA Y LOS CONGRESISTAS
Por: Yesid Reyes Alvarado
La creación y puesta en funcionamiento de la Fiscalía significó un gran avance para la justicia penal en nuestro país.
Mientras decisiones que afectan derechos fundamentales, como las interceptaciones telefónicas, los allanamientos o las detenciones preventivas, fueron entregadas de manera privativa a los jueces de la República, a la Fiscalía se le confió la facultad excluyente de investigar la comisión de delitos y llevar a sus autores o partícipes ante los tribunales. Esta separación de funciones permite un ejercicio más equilibrado de la acción penal, porque la Fiscalía no puede restringir derechos fundamentales y los jueces dictan sentencia con un elevado grado de imparcialidad por no haber intervenido en la búsqueda y recolección de las evidencias.
La concepción monolítica de una Fiscalía orientada a la investigación permite que los delincuentes sean enfrentados de manera institucional, sin que las actuaciones de sus agentes puedan ser tenidas como formas aisladas de combatir el crimen. Pero esa misma estructura impuso la eliminación de una doble instancia en esa primera fase del proceso, reservándola para la etapa del juicio. Así se consiguió una saludable independencia y autonomía tanto de los fiscales como de los funcionarios judiciales, al separar las labores de averiguación de las de juzgamiento y garantizar el ejercicio de recursos sólo frente a decisiones de los jueces.
Pero curiosamente los procesos penales contra los parlamentarios fueron excluidos de esa regulación, de tal manera que para ellos no se previó ni la separación de las funciones de indagación y decisión, ni la doble instancia. Con el propósito de enmendar esas falencias, el proyecto de reforma a la justicia prevé la creación de dos nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia; una de ellas tendría a su cargo las labores de investigación y a la otra correspondería el adelantamiento de los juicios en primera instancia, mientras los recursos de apelación que dentro de ese trámite se interpusieran serían resueltos por la actual Sala Penal.
La propuesta no resuelve nada, porque sólo puede hablarse de una real separación de tales atribuciones si quienes están encargados de ellas tienen orígenes diversos y pertenecen a entidades distintas. Unos magistrados elegidos por la propia Corte y pertenecientes a una institución con claras competencias judiciales, no gozan de la autonomía e independencia necesarias para adelantar esas averiguaciones. El recurso de apelación que encarna el principio de la doble instancia está concebido para que un funcionario de superior jerarquía revise las decisiones proferidas por alguien de inferior categoría. Esa elemental característica desaparece cuando los encargados de esas labores son personas que no sólo tienen el mismo rango de quienes profieren las determinaciones que deben revisar, sino que además han sido designados en sus cargos por ellos mismos.
Sigo pensando que los congresistas deben ser investigados por una unidad especializada de la Fiscalía General, juzgados en primera instancia por los Tribunales Superiores y en segunda por la Sala Penal de la Corte Suprema.
EL NUEVO SIGLO
UNIFICAN POS PARA EL ADULTO MAYOR
Dentro de las acciones que ha liderado el Ministerio de la Protección Social para garantizar la Universalización en Salud determinó la Unificación del Plan Obligatorio de Salud para las personas de 60 años y más, mediante la expedición del Acuerdo 27 de octubre de 2011.
Con el propósito de presentar las nuevas disposiciones que establece la norma, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Aseguramiento, emitió la Circular 054.
El documento enuncia cómo a partir del primero de noviembre este sector de la población contará con un plan de Beneficios unificado al Régimen Contributivo, es decir que los servicios que anteriormente autorizaba la Secretaría de Salud del Departamento serán prestados por las EPS subsidiadas.
En este sentido, la Secretaría de Salud invita a todas las autoridades comprometidas con asumir la norma, a consultar la Circular que se encuentra publicada en la página web www.cundinamarca.gov.co en el link entidades / secretaria de salud/ circulares, donde podrán establecer los cambios en la prestación de los servicios para este sector de la población a partir del primero de noviembre de 2011.
Dentro de las disposiciones, se establece que todos los municipios deben garantizar la afiliación universal al Sistema General de Seguridad Social Subsidiado, SGSSS, para las personas de 60 años y más, así como menores de 18 años y quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Slo se expedirán autorizaciones de servicios ambulatorios y hospitalarios a su cargo, ordenados o solicitados hasta el 31 de octubre de 2011 y posterior a esta fecha empezará a
La Secretaría de Salud informará a las EPS-S sobre los pacientes y servicios que por unificación del POS contributivo y subsidiado quedarán bajo cargo de la entidad a partir del primero de noviembre y que estén siendo atendidos a la fecha bajo una acción de tutela.
REVISTA SEMANA
DOS IMÁGENES DE LAS MUJERES Y LA PRISIÓN EN COLOMBIA
Por Libardo José Ariza Higuera*
Esta es la sexta entrega de una serie de columnas sobre el sistema carcelario en Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.
la primera imagen se puede observar en un domingo de visita a cualquiera de los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país. Una larga fila de hermanas, madres, esposas, novias que aguardan con paciencia la hora de entrada mientras llevan en sus manos ropa limpia, útiles de aseo, una cobija, una colchoneta y una vianda de comida que el interno intentará hacer durar lo más que pueda, que comerá incluso cuando haya cambiado de olor y color. Sin perder de vista a los niñas y niñas que llevan al penal, las visitantes se organizan junto a una pared húmeda en la cual se apoyan para quitarse los zapatos de tacón y calzarse unas chanclas que junto a la obligatoria falda corta dan forma a la vestimenta común de las mujeres que van un domingo de visita a la cárcel.
El guardia instructor de caninos pasea con sus perros a lo largo de la fila aguardando atentamente a que el perro, que olfatea por igual a mujeres, cobijas y colchonetas, le dé una señal para separar a la mujer detectada. Rodeada de murmullos, escoltada por un grito de indignación lejano y anónimo, la mujer es conducida al interior de la prisión para preguntarle si está tratando de ingresar un elemento prohibido. La época de las requisas intrusivas y los tactos vaginales va quedando poco a poco en la memoria de la infamia de los centros de detención colombianos. Sin embargo, el salto a la modernidad aún está por darse, de lo cual dan testimonio los equipos arrumados y desconectados, algunos destruidos deliberadamente, que deberían servir para realizar escáneres corporales.
La mujer niega que lleve algo y alega que viene de muy lejos a hacer efectivo su derecho a la visita conyugal. De hecho, ha pasado la noche en la calle durmiendo para ser de las primeras de la fila y recibir en su antebrazo el golpe del sello que le estampará una figura en tinta negra. El guardia duda, no sabe si dejarla entrar o prohibirle la entrada
Cualquiera de las dos opciones le resulta incómoda. La única solución es esperar a que sea detectado un número suficiente de mujeres que justifique la remisión en un vehículo del INPEC hasta el Aeropuerto El Dorado, donde se encuentra el escáner más cercano. Para cuando el trámite se ha surtido, el domingo de visita se ha acabado. La mujer se ha quedado sin visita y puede que en esta odisea la vida le haya jugado una mala pasada. Antes intentaba entrar a la prisión y ahora lucha desesperadamente buscando una salida. La odisea la ha llevado a hacer parte de las 4851 mujeres que se encuentran recluidas en las cárceles y penitenciarias colombianas.
La segunda imagen, la de la mujer recluida, se contempla en el Buen Pastor, la cárcel de mujeres de Bogotá. Los pavos reales que caminan tranquilamente en el césped del asentamiento militar adyacente parecen observar indiferentes a los visitantes que cubren la distancia entre la Calle 80 y el portón de entrada a la cárcel. El Buen Pastor se mimetiza silenciosamente con los conjuntos cerrados que la rodean, se esconde tras las casas de la gente libre y parece confiar en que la vergüenza y el oprobio del encierro sean borrados por la misma indiferencia que hace caso omiso de las penosas condiciones de reclusión que soportan las mujeres privadas de la libertad.
El Buen Pastor tiene capacidad para albergar a 1.100 internas, pero en su interior se encuentran cerca de 1800 mujeres recluidas. La aplicación de las políticas de mano dura contra la delincuencia menor preocupa por igual a internas y guardias, quienes ven impotentes como crece día a día el número de mujeres detenidas sin que la puerta se abra con tanta frecuencia cuando se trata de dejarlas salir.
El silencio del penal se mantiene al cruzar la puerta. Una interna recibe a cambio de una ficha roja billeteras, monedas y celulares que serán devueltos al dejar penal. Un jardín adorna la entrada al puesto de control y no se percibe la intensidad del bazuco que inunda a centros de reclusión como La Modelo. El silencio se ve perturbado por un sonido inusual para una prisión. El llanto y las risas de niños y niñas se mezclan y cruzan la puerta del Patio 4, en donde se encuentran las madres presas con sus hijos e hijas menores de tres años. Después, el régimen cambiará. Las madres sólo podrán ver una vez al mes a sus hijos menores de 12 años, el último domingo de cada mes.
Los niños y niñas que viven en el Buen Pastor quizá no recuerden que nacieron en el encierro, que sus primeros pasos no fueron en un patio de juego sino en un patio penitenciario, que crecieron en medio de las cuatro paredes húmedas de una celda hacinada. Si lo recuerdan, si algún día alguien les cuenta, resultará difícil explicarles por qué no fuimos capaces, o no quisimos, imaginar una imagen distinta de la mujer presa en Colombia.